Por Oscar R. González*Tras los comicios del 28 de junio, sobrevino un coro destemplado de voces opositoras que, mientras durante la campaña decían que ningún modelo pondría en riesgo el resultado electoral, luego, tras el éxito en algunos distritos importantes, recalaron en el argumento maximalista de que todo debe cambiarse a partir del comicio. Según ellos la Presidenta debe modificar el gabinete, cambiar las políticas públicas emblemáticas y hasta aprovechan la oportunidad para propiciar la abolición de las normas protectoras de los trabajadores, incluidas las propias convenciones colectivas de trabajo que, raudamente, algunas corporaciones empresariales quieren demoler.
Esa verdadera avalancha de reclamos sustentados en la hipótesis de que los resultados de una elección legislativa habilitan a exigir giros, vuelcos y terremotos institucionales, no sólo habla de lo que entienden que deben hacer los 127 diputados y 24 senadores electos ahora, sino que pretenden instruir también a los que tienen mandato hasta el 10 de diciembre próximo, resultado de decisiones cívicas anteriores. Así, les enumeran, cual maestros Siruela, los temas que deben incluir en el orden del día parlamentario y les dibujan una agenda ad hoc, según la vocación regresiva de la derecha. Eso es creer ilusamente que el gobierno nacional y los diversos bloques que lo apoyan en el Congreso están dispuestos a defeccionar de sus obligaciones y abjurar de sus responsabilidades.
Modificaciones al régimen de los derechos de exportación –que la oposición se negó a tratar y dejó tal cual era originalmente-, cambios en la edad de imputabilidad de los menores –una palinodia recurrente-, reformas, como decíamos, al régimen laboral y de aseguradoras de riesgo de trabajo, son algunas de los ítems de la agenda imaginaria que trata de instalar la variopinta oposición.
Esa actitud demuestra que mientras la oposición reclama diálogo y consenso, lo interpreta como sometimiento del gobierno –y de la primera minoría en ambas cámaras- a los grupos de poder que pretenden un cambio en las reglas de juego para favorecer egoístas intereses sectoriales. Como la propia Presidenta lo ha dicho públicamente, el ámbito institucional del debate y el consenso alrededor de las propuestas es el Parlamento: allí los legisladores propios y aliados del gobierno esperan sus iniciativas para debatirlas según los modos y las reglas del Congreso, una rutina parlamentaria que permite desmenuzar las propuestas, procesar los disensos, elaborar los acuerdos y sentar las bases de negociación.
La oposición pretende obviar estas reglas básicas de nuestro sistema. De entrada, se quiso imponer la idea de que el oficialismo perdió la mayoría en Diputados, cosa que jamás tuvo, y aún así logró acuerdos fundamentales para sancionar iniciativas como las que permitieron recuperar Aerolíneas Argentinas y el sistema previsional, además de la aprobación de los sucesivos presupuestos nacionales.
En el nuevo escenario, a partir de diciembre, el oficialismo verá reducida su representación en ambas cámaras pero eso en nada modifica la capacidad de instar la aprobación de normas desde el Ejecutivo, clara atribución constitucional, ni su empeño en lograr las mayorías necesarias para que el proceso de cambios vigente continúe su curso. Oficialismo y oposición deberán discutir las propuestas y ello perfeccionará el proceso de elaboración de las nuevas normas. Eso es lo que hará el nuevo parlamento, no por causa de un resultado electoral, sino porque ese es el sistema de la división y equilibrio de poderes al que los argentinos hemos unido nuestro destino como república.
* Secretario de Relaciones Parlamentarias del gobierno nacional. Ex diputado nacional del Partido Socialista.(Diario El Argentino, Pág. 2)
